Julian Assange, el fundador de Wikileaks que se refugia en la embajada de Ecuador en Londres, está preparando un proceso legal contra la administración de Donald Trump.

Los abogados del activista australiano presentaron una solicitud urgente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (IACHR), con sede en Washington. El objetivo de esta acción legal es exigir a los fiscales de EEUU que denuncien cualquier cargo secreto en su contra. También es un intento de evitar que EEUU extradite a Assange en un momento en que el nuevo gobierno ecuatoriano ha hecho que su estancia en su embajada en Londres sea cada vez más inhóspita.

Assange se refugió en la embajada de Ecuador en Londres, situada en Knightsbridge, desde 2012, año en que huyó de los procedimientos de extradición ante el Tribunal Supremo del Reino Unido. Desde entonces, los fiscales suecos han retirado su solicitud de extraditarlo a Estocolmo por una investigación de violación.

Se cree que los fiscales estadounidenses han estado investigando a Assange desde al menos 2011, cuando se abrió una audiencia ante el jurado por la publicación de cables diplomáticos de EEUU.

La IACHR se dedica a supervisar los derechos humanos en América y escucha apelaciones en casos individuales mientras que la administración de Trump ha boicoteado las audiencias recientes de Assange.

Los abogados de Assange han presentado un escrito de 1.172 páginas para hacer un llamamiento a que los EEUU revele cualquier cargo que haya en contra de su cliente además insta a que Ecuador cese sus actividades de espionaje en su contra.

Baltasar Garzón, el destacado juez español que ha perseguido a dictadores, terroristas y narcotraficantes es el coordinador internacional del equipo legal de Assange. En sus declaraciones ha afirmado que el caso vulnera el derecho a «acceder y divulgar información libremente».

La administración de Trump se niega a revelar detalles sobre los cargos contra Assange a pesar del hecho de que fuentes del Departamento de Justicia de EEUU han confirmado a los medios que estos cargos existen bajo secreto de sumario.

«La revelación de que EEUU ha iniciado un proceso judicial contra el señor Assange ha conmocionado a la comunidad internacional» según ha informado la IACHR. El gobierno de EEUU «debe proporcionar información acerca de los cargos penales que se le imputan al señor Assange en su totalidad».

La solicitud alega que los fiscales de EEUU se están acercando a testigos en EEUU, Alemania e Islandia para que declaren en contra de Julian Assange a cambio de inmunidad judicial.

Se rumorea que entre las personas contactadas para declarar contra Assange hay algunos asociados con publicaciones conjuntas de Wikilieaks con otros medios sobre la diplomacia en EEUU, la Bahía de Guantánamo y las guerras en Irak y Afganistán.

Los abogados de Assange aseguran que el gobierno de Trump ha presionado a Ecuador para que le entregue, ejerciendo amenazas cada vez más abiertamente. En diciembre, el periódico NY Times informó que el nuevo presidente de Ecuador, Lenin Moreno, trató de negociar la entrega de Julian Assange a los Estados Unidos a cambio de un alivio de su deuda.

La solicitud de los abogados de Assange también alega que desde la embajada de Londres se están produciendo operaciones de espionaje contra su cliente.

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